DISCURSO AGUSTÍN ROSSI

Caricatura Bob Row

LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Gracias por los aplausos. A veces es bueno recibirlos, pero la verdad es que no todas las sesiones son iguales.

Señor presidente: había ordenado mi discurso en base a muchas de las cosas que tan brillantemente expuso mi compañera Patricia Vaca Narvaja en relación con los cuestionamientos que aquí se han hecho sobre la metodología de trabajo implementada para el tratamiento de este proyecto de ley.

Recién señaló correctamente el señor diputado Macaluse –también lo manifestó la señora diputada Vázquez que este proyecto empezó a discutirse el 11 de diciembre de 1983, es decir, al día siguiente de la asunción como primer presidente de esta nueva etapa democrática del doctor Raúl Alfonsín. La verdad es que todos los argentinos sabíamos que en algún momento la democracia iba a tener que debatir la implementación de un nuevo sistema de radiodifusión y de comunicación audiovisual.

Podríamos decir que esta es una de las leyes de la transición democrática. Es una de esas normas que todos sabíamos que en algún momento iba a reformarse. Algunas se modificaron en un plazo cercano a la recuperación de la democracia, pero otras insumieron mucho más tiempo. La que hoy estamos tratando demandó veintinueve años. Digo esto porque ayer, 15 de septiembre, es decir, el día en que firmamos el despacho de comisión –que es perfectamente legal y legítimo porque fue suscripto en un plenario de tres comisiones que contaban con la mayoría de sus miembros presentes, se cumplieron veintinueve años de la sanción del decreto ley.

En todo ese tiempo ocurrieron muchas cosas. Todos los presidentes de la democracia presentaron algún tipo de iniciativa para reformar la ley vigente. Muchos legisladores también impulsaron dentro del Parlamento diversos proyectos en el mismo sentido; según escuché decir hoy fueron más de setenta iniciativas. Hubo un proyecto de Alfonsín, otro de Menem, y también uno de De la Rúa.

Pero debo decir con absoluta honestidad que lo que puso este gobierno –que nos enorgullece integrar y esta presidenta de la Nación al enviar su propuesta a la Cámara de Diputados de la Nación es una enorme convicción política que como todas las cosas que se hacen en base a energía y a decisión propia tienen todos los condimentos de lo que significa el volumen. A las anteriores iniciativas les faltó volumen. No les faltó convicción, les faltó decisión. No les faltó argumentación, les faltaron las cosas que se necesitan para modificar una situación que durante veintiséis años no pudimos modificar.

Reconocemos el enorme aporte militante, con la convicción de mantener ideas durante todos estos años, de los compañeros de la Coalición. Se lo reconocemos porque lo han sostenido y llevado adelante a veces en muchísima soledad.

Hemos dicho que nuestra ley intentó respetar lo más fielmente posible esos 21 puntos de la Coalición. Es cierto que una vez venida al Parlamento muchísimos bloques hicieron aportes que no estaban incluidos en el proyecto.

Quiero aquí detenerme en dos situaciones: la primera de ellas es que como bloque oficialista pudimos trabajar con muchísima libertad a la hora de poder incorporar cada una de las miradas y de las visiones de los distintos bloques que fueron enriqueciendo el proyecto de ley que hoy estamos tratando.

Pero también quiero hacer un reconocimiento explícito por la sabia decisión tomada por la presidenta de la Nación al anunciar la eliminación de las telefónicas de la posibilidad de ser cable operadores. Más allá de la discusión sobre los aspectos técnicos, la decisión fue sabia porque habían intentado montarnos una operación parar desvirtuar el objetivo de la ley.

Nosotros no estamos detrás de ningún negociado. Lo que dijeron durante quince días lo tienen que empezar a borrar desde el mismo momento en que la presidenta de la Nación anunció la eliminación del ingreso de las telefónicas al negocio de la radiodifusión.

Durante quince días intentaron deslegitimar los objetivos nobles de esta ley, buscando algún artilugio o la construcción de algún tipo de escenario que realmente resultó absolutamente falso.

También quiero decir que todo este esfuerzo previo, terminamos consolidándolo en lo que fue el tratamiento durante este año del proyecto de ley de radiodifusión.

Nadie puede decir que por más que haya sido oficialista u opositor no conocía que la presidenta de la Nación el 1º de marzo había anunciado la voluntad de tratar este proyecto de ley en el Congreso de la Nación durante este año.

Si alguno no lo había leído en ese mensaje del 1º de marzo, el 18 de marzo lo estuvimos presentando en la ciudad de La Plata. Si alguno no se enteró, realizamos una serie de foros ciudadanos. En el caso de mi provincia y de mi ciudad participaron legisladores del oficialismo y de la oposición.

Además de todo eso, después de haber sistematizado cada una de las propuestas que se hicieron en cada uno de esos foros, anunciamos el envío del proyecto al Congreso de la Nación.

Propusimos la realización de audiencias públicas y también hay que ser sinceros: las propusimos, las llevamos adelante y nos acompañaron los bloques que hoy están aquí, pero los bloques de la oposición boicotearon en una primera instancia las audiencias públicas que se realizaban en este Congreso de la Nación.

Intentaron, como hicieron durante todo el transcurso del debate, llevar la discusión allá lejos, tarde, lo que quiere decir nunca. Primero era después del 10 de diciembre porque no éramos legítimos; después, porque no había tiempo; pedían audiencias públicas en cada uno de los rincones de las provincias, tratando de poner un barniz federal, cuando todos sabemos que la intención era ocupar la mayor cantidad de tiempo para que esta norma no se tratara en el Parlamento.

Hicimos las audiencias públicas, pero no las legitimamos nosotros sino la cantidad de organismos y personalidades que vinieron y participaron. Estuvieron presentes desde representantes de los pueblos originarios hasta de algunas organizaciones que agrupan a medios de comunicación –lo que ocurrió en los últimos días, así como también personas que le dieron volumen y contundencia a lo que estábamos haciendo, tales como Pérez Esquivel, monseñor Radrizzani en representación de la Iglesia Católica, el director de cine Campanella y Víctor Hugo Morales. Esto hay que decirlo, porque de ello también se nutren las decisiones políticas.

El 95 por ciento de las ponencias presentadas en las audiencias públicas fueron en el sentido de acompañar la aprobación de esta ley de radiodifusión. No aparecieron ni prestigiosas personalidades, salvo alguna perdida por ahí, ni prestigiosos académicos, dirigentes sociales, gremialistas o empresarios que propiciaran el no tratamiento de la ley. Los que hablaron en representación legítima desde algún lugar lo hicieron con conocimiento y avalando el tratamiento y debate de esta iniciativa.

Teníamos planificado desarrollar las audiencias públicas durante tres días, y nos pidieron un día más porque la lista de anotados era realmente extensa. Las audiencias fueron grabadas por la Cámara de Diputados y aparecieron inmediatamente en la página web para que cualquiera, desde cualquier lugar del país pudiera leer lo allí se había dicho. Se tomó versión taquigráfica de dichas audiencias, que están a disposición de cada uno de los señores diputados. Además, tuvieron como exigencia la presentación por escrito de cada una de las ponencias, y se consideró un reglamento elaborado por la Comisión de Comunicaciones e Informática, sancionado en el año 2000, cuando una vez más se frustró la posibilidad de debatir la ley de radiodifusión en el Congreso de la Nación. Todo esto se hizo para que quede absolutamente en claro la transparencia y la forma en que hemos trabajado en el trámite de esta norma.

El día martes incorporamos una serie de modificaciones propuestas por cada uno de los bloques. Si los bloques de la oposición hubiesen tenido una actitud política distinta, quizás hubiéramos logrado una ley con mayor nivel de consenso y de modificaciones; pero nunca quisieron tratarla, por eso nunca plantearon seriamente ninguna modificación. Nunca lo hicieron; nunca nos acercaron propuestas de modificación a ningún artículo en un sentido determinado. Lo que siempre hicieron fue pararse en el lugar de decir que no era el tiempo, que era demasiado rápido, pronto, que estábamos apurados, que no servía, que los negocios, los negociados...

Esa fue la situación que vivimos durante todos estos días. Después de la reunión conjunta de las comisiones, en la que leímos cada una de las modificaciones acordadas y a sugerencia de los distintos bloques, se debatió hasta medianoche y pasamos a la firma del dictamen.

Hoy venimos a debatirlo aquí en el pleno del recinto, como lo hemos hecho en infinidad de oportunidades.

Como lo decía recién algún señor diputado e incluso la diputada Vaca Narvaja, que lo hacía con mucha claridad y contundencia, cuando muchas veces la oposición pide sesiones especiales lo hace como una forma de saltear el tratamiento en la comisión, porque los expedientes que deben ser tratados no cuentan con el respectivo dictamen de comisión.

Si alguien puede pedir una sesión especial para tratar un proyecto que no cuenta con despacho de comisión, ¿cómo nosotros no vamos a poder pedir una sesión especial para tratar un proyecto que tiene despacho de comisión legal y legítimamente obtenido en el pleno de las comisiones? Esto es lo que hoy vinimos a hacer acá, con absoluta legalidad de cada uno de nuestros actos.

Yo creo que fue un gran error de parte de la oposición levantarse e irse, además de haber hecho un uso chicanero y abusivo del reglamento haciéndonos soportar el planteamiento de veinte cuestiones de privilegio, todas en el mismo sentido, con el único sentido de aletargar nuevamente el inicio de la sesión. Eso ha sido exactamente así.

Les aconsejo que no pierdan el tiempo yendo a la Justicia, porque cada vez que lo hacen les termina yendo mal. Cuando se trató la ley de la estatización de las AFJP nos preanunciaban una avalancha de juicios y nos decían que el Estado iba a tener que pagar y que nos íbamos a fundir por eso. La verdad es que hoy también la Justicia me ha hecho un favor, y “Página 12” otro, ya que publicó que la Justicia ratificó la estatización de las AFJP.

Las decisiones de este Parlamento son legales, legítimas, y la Corte tendrá la responsabilidad que le da la Constitución para encontrar, si lo hay, algún vicio de inconstitucionalidad, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que no lo hay.

Y lo digo simplemente por esto. A algunos se les ocurrirá acusar a esta ley de no ser constitucional, cuando es una ley que viene a suplantar un decreto ley firmado durante la dictadura el 15 de septiembre de 1980.

Quiero confesar algo. Yo sé que para muchos de los bloques que hoy están sentados acá, y también para muchos de nuestros compañeros, quizás uno o dos días más, la semana que viene como planteó alguno, hubiese sido lo más prolijo. No es que a nosotros no nos preocupen las formas, porque siempre tratamos de cuidarlas.

Pero lo que nadie puede dejar de entender o de reconocer es que el debate de esta ley no fue un debate aséptico, no fue un debate que se dio solamente entre diputados que pensábamos de forma distinta. Hubo presiones, descalificaciones, amenazas y mal uso de los medios de comunicación. Muchas audiencias públicas desaparecieron durante varias horas de los canales de noticias. Hubo operaciones de prensa, hay operaciones y van a seguir habiéndolas.

El tiempo no era un valor inocuo. A más tiempo, las presiones que se ejercían seguramente tendrían mayores posibilidades, y esto también hay que decirlo. Por eso yo pido disculpas si violentamos algunas formas. Nosotros sabemos este tipo de cosas y también, créanme, las meritamos.

Nos parecía que lo más apropiado era no perder la oportunidad de tener sanción de esta Cámara en el día de hoy, y la verdad es que teníamos elementos para pensar así. Porque, como lo decía anteriormente, hubo muchas oportunidades en muchos momentos de la democracia argentina en los que las posibilidades de tratamiento se abortaron, como explicaba la señora diputada Vázquez, como cuando un día a una reunión de comisión solamente bajaron dos diputados.

Yo estoy más que orgulloso de los diputados, inclusive aunque haya un grupo que se ha ido. Estoy más que orgulloso de que la mayoría de los diputados de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación hayamos tomado la decisión de debatir libremente las ideas que tenemos alrededor de este proyecto y no haber frustrado nuevamente la voluntad de los muchísimos argentinos que desde hace muchísimos años vienen peleando para tener una nueva ley de radiodifusión.

La verdad es que me queda poco tiempo para hablar de esta norma, pero ya muchos hablaron mejor que yo y con mucha más contundencia. El señor diputado Raimundi decía que el tratamiento de esta iniciativa fue escandaloso, o utilizó una frase similar al referirse a la forma en que los medios consideraron el tratamiento de este proyecto.

Yo me tomé el trabajo de ver qué decían los diarios el día siguiente al 15 de septiembre de 1980. El diario “La Nación” decía: “Sanciónase la ley de radiodifusión”, y en el otro rincón –para demostrar que ese era el diario “La Nación” decía: “Memórase la gesta de 1955”. Este diario es del 16 de septiembre de 1980. Y por su parte el diario “Clarín” decía: “Privatizarán 66 medios de radio y TV”.

Si uno analiza los dos principales diarios, observa que tienen títulos bastante asépticos, por decirlo de alguna manera, es decir, ni a favor ni en contra. ¿Será así mañana? ¿O será que a la ley de la dictadura le van a dar un tratamiento más indulgente que a la ley de la democracia?

Hoy estamos sancionando una ley fundamentalmente antimonopólica. Lo más importante que tiene nuestra ley es que ataca esta concentración monopólica, estas posiciones dominantes que existen a nivel nacional pero también en cada una de las localidades y de las provincias argentinas; esto hay que decirlo, y quienes venimos del interior lo sabemos.

Esta ley busca la construcción de ciudadanía, que los argentinos sean más ciudadanos al momento de poder escuchar una mayor cantidad de voces. Esta norma busca darle mayor categoría de ciudadano al argentino, que no tenga solamente una comunicación en un determinado sentido, que la comunicación no sea siempre direccionada.

Necesitamos muchas voces. En realidad, hay muchas voces, pero no todas se escuchan de la misma manera. Y no es que no se escuchan de la misma manera porque algunas sean más inteligentes y otras menos inteligentes, sino porque suenan distinto. Algunas tienen más amplificador que otras.

Entonces, nosotros necesitamos algo mucho más democrático, mucho más plural, y para eso debemos legislar, porque no se hace por sí mismo. El proceso de concentración económica que vivió la Argentina en los 90 se dio con mayor crudeza en los medios de comunicación. Hace quince o veinte años la palabra “multimedios” no existía. Los cables, de los cuales quedaron unos pocos, eran expresiones de pequeñas empresas radicadas en cada lugar de la Argentina. La mayoría de ellos han quedado en manos de una sola empresa.

El fútbol, por ejemplo, además de servir para que todos lo veamos, ha servido para demostrar lo que significa el monopolio. No podía ser que viviéramos determinadas situaciones en algunos lugares de las provincias. En Rosario –lo dije muchas veces- hay una empresa de cable que nunca pudo comprar los derechos de televisación del fútbol, pero no porque no quisiera hacerlo sino porque nunca se los quisieron vender, ya que lo transmitía otra empresa.

A los cables de localidades chicas les cobraban un canon enorme para poder transmitir fútbol si no eran del mismo grupo. Esto permitió empezar a hablar del tema.

Hay señales de noticias que no se ven en el interior –no digo que sean buenas ni malas- porque no las llevan, no las suben al cable para que se puedan ver en el resto del país.

Traje un informe muy pequeño sobre un estudio del origen de la producción de contenidos en la televisión abierta argentina. Lo digo rápidamente: 25 por ciento de producción propia; 5 por ciento de producción de terceros; 1 por ciento de repeticiones; 8 por ciento de producción de los Estados Unidos; 1 por ciento de producción de América Latina; 1 por ciento de coproducción nacional, y el 58 por ciento restante es retransmisión de contenidos reproducidos por la cabecera de las redes de TV abierta.

¿Saben cómo se distribuye eso en el país? Esa retransmisión baja al 2 por ciento en el AMBA; crece al 62 por ciento de las horas emitidas en Cuyo; al 64 por ciento de las emitidas en el Noreste; al 66 por ciento de las emitidas en el Noroeste; al 72 por ciento en la Región Pampeana, y al 60 por ciento de las horas emitidas en la Patagonia. Es decir que lo que emiten las cuatro señales que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es lo que se retransmite en todo el país.

Es mentira lo que manifiestan quienes están metiendo terror al decir que se van a quedar sin trabajo. Va a haber mucho más trabajo.

En el interior, con la exigencia de producciones locales, vamos a poder dar trabajo a muchísimos chicos y jóvenes que se esfuerzan para estudiar teatro, música y demás y muchas veces no tienen dónde desarrollar su actividad e inevitablemente terminan cayendo en la ciudad de Buenos Aires.

Voy a terminar con una frase de Scalabrini Ortiz. Me parece que es lo más adecuado para lo que hoy estamos votando. Él decía: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El poderoso tiene su propia ley, que es su propia fuerza.”

Defendamos a los más débiles que vamos por el buen camino, señor presidente.