Mientras el aborto sea punible, el Estado, mediante su legislación, hace de la fecundidad humana un propiedad ESTATAL Y PÚBLICA, se apropia del vientre de la mujer, se apropia de la mujer argentina. La MUJER argentina es un BIEN PÚBLICO.
También hay que considerar que la punibilidad del aborto afecta al varón que está en pareja amorosa con una mujer. La mujer que vive en pareja en general comparte con su compañero la decisión de la oportunidad de tener un hijo de ambos. En caso de embarazo accidental y no deseado por los dos, al varón de la pareja también le es impedida la decisión de cuándo tener un hijo. En ese caso, que es uno de los casos más comunes de la vida, también el varón de la pareja es afectado por el Estado que lo obliga a ser padre. Pero además, los varones son afectados a la paternidad de cualquier embarazo sucedido accidentalmente sea o no sea con una mujer amada, ya no por voluntad de la mujer, cosa que es de derecho, sino hasta cuando la mujer tampoco lo desea.
La reciente aprobación del matrimonio igualitario da la sensación de que estamos viviendo en un país donde los derechos han avanzado más que en muchos países, y que el nuestro es inclusivo. Estos derechos novedosos y avanzados sin embargo quedan opacados cuando se les contrapone una postergación catastrófica: la postergación de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. No es simpático comparar derechos, pero es antipático ufanarse del brillo del derecho un país, por la sanción de un derecho socialmente sofisticado cuando se lo compara con la magnitud de la falta de un derecho prioritario que en ese mismo país causa muerte y tragedia permanente.
Más de la mitad de los argentinos son mujeres y los homosexuales son el diez por ciento. No estoy en contra de los derechos de nadie, sí del pretendido brillo que se le quiere dar al derecho en nuestro país por los derechos de género, que lucirá un pulido inmerecido mientras la mujer permanezca injustamente secuestrada en manos del Estado como bien público.
Siempre se dice que el problema es de las más pobres. Claro que en ellas el problema es tragedia y muerte. Pero también en las mujeres que consiguen el dinero para abortar hay un problema crucial: para el Estado están cometiendo un delito si abortan. Deben hacerlo en secreto, sigilosamente, y concurrir a un médico que está en riesgo de ser descubierto y encarcelado por un crimen grave, cuyo consultorio es clandestino.
O la mujer lleva adelante un embarazo no deseado, o la mujer aborta y se convierte en delicuente. Por el resto de su vida debe ocultar la información a los médicos que le pregunten por su historia clínica. NO es este el rango de dignidad de la mujer que debería querer cualquier ciudadano democrático para su compañera, hija, hermana, o amiga.
El drama de la democracia argentina es la ingerencia activa de la Iglesia Católica, preparada úlimamente con sus expertos en la materia "Bioética", desarrollando una actividad organizada sobre las instituciones de salud estatales, impidiendo que se realicen los abortos no punibles legislados en 1921. Miembros importantes de la Academia de Medicina, Directores de Hospital, Abogados, Médicos y enfermeras preparados en la Universidad Austral y la Universidad Católica, juntos dan a aviso inmediato a los equipos preparados para intervenir frente a cualquier internación de una mujer que ha pedido al juez un aborto no punible.
La intervención de estos equipos de ingerencia es la de detener mediante la justicia el aborto. La solicitud de aborto de una nena recientemente internada fue apelada porque la discapacidad mental de la nena “no puede ser asimilable a la definición de ‘idiota’ o ‘demente’” que –en una redacción arcaica– establece el Código Penal en su artículo 86 inciso 2º.
La Academia Pontificia por la Vida, creada en El Vaticano en 1994, tiene el objetivo de monitorear los avances de la biomedicina y el derecho que afecten "a la moral cristiana y al Magisterio de la Iglesia". La corriente de bioética es denominada "bioética personalista ontológicamente fundada". Su principal referente es el cardenal Elio Sgreccia de 82 años.
Según una investigación del CEIL "hay una variada gama de bioeticistas católicos ultraconservadores entre los que se incluyen miembros del Opus Dei, de la orden de San Agustín, del movimiento apostólico de Shoenstatt y de Fasta (Federación Santo Tomás de Aquino). Aunque pueden tener diferencias y matices entre ellos, sostienen un interés fundamental: “Transmitir, perpetuar y legitimar la doctrina de la Iglesia Católica, apropiándose de un discurso científico”.
Tienen presencia también en la Academia Nacional de Medicina y en la Facultad de Medicina de la UBA, desde cuyo decanato quisieron bajarse de la organización del reciente Congreso de países del Mercosur sobre Bioética y Derechos Humanos. Derecho a la Salud, convocado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto a la cátedra libre de Derechos Humanos y BIO & SUR Asociación de Bioética y Derechos Humanos, debido a que se había incluido en el temario el aborto no punible. Tuvo que intervenir el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para que reconsideraran la decisión, y finalmente aceptaron continuar con la realización del Congreso."
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/159746-51222-2011-01-03.html
